Se trata de trabajadoras de recolección de residuos en la Villa 21-24 de Zabaleta, que según denunciaron, buscan disciplinarlas políticamente.

Un grupo de dirigentes y militantes sociales, enrolados en el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), reclamaron frente al Ministerio de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue en rechazo a la decisión oficial de despedir y «dejar sin trabajo a 35 mujeres cooperativistas» encargadas de la recolección de residuos en la villa 21-24 Zavaleta.

«Seguimos con nuestra protesta con una ocupación pacífica para que reincorporen a las despedidas y si durante la tarde no obtenemos una respuesta favorable, vamos a debatir un acampe por tiempo indeterminado en Espacio Público«, adelantaron voceros del FPDS.

Los manifestantes  denunciaron que el Gobierno porteño «quiere dejar sin trabajo a 35 mujeres cooperativistas» encargadas de la recolección de residuos en la villa 21-24 Zavaleta.

Afirmaron que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ministra de Espacios Públicos de la ciudad, Clara Muzzio, y su par de Desarrollo Humano, María Migliore, «quieren despedir a 35 trabajadores que recolectan basura en la villa 21 hace ocho años».

«La decisión es dejar en la calle a 35 mujeres que hace ocho años vienen haciendo esta tarea por 39.280 pesos y despedirlas sin explicación, sin indemnización y sin reconocimiento alguno», indicaron.

En la misma línea explicaron que las organizaciones sociales «pelearon hace ocho años para que se realizara la recolección de residuos dentro de los barrios populares».

Además resaltaron que «las empresas de recolección sólo recogían la basura fuera de las villas y había basurales cada vez más grandes dentro de los barrios».

«Se logró que fueran trabajadores y trabajadoras de la economía popular y vecinos de los barrios los que llevaran adelante las tareas de recolección de basura, descacharreo, desmalezamiento, saneamiento, limpieza de contenedores» y apuntaron contra «las empresas» que «no querían hacer (ese trabajo) en la villas«.

En tanto, aseguraron que la decisión del Gobierno de la Ciudad «no tiene que ver con un conflicto laboral, sino político».