El Gobierno solicitó que se desaloje el segundo y el tercer piso del edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749.Desde la Universidad dicen que ese esácio nunca les fue asugnado.
Este espacio fue cedido en enero de 2018 al instituto educativo fundado por Hebe de Bonafini. En el lugar también funcionaban locales partidarios vinculados al kirchnerismo. “Este Desvío afecta la moralidad pública y los intereses de los ciudadanos”, se afirma en la denuncia que realizó el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libaron.
Desde la Universidad aclararon que: “El inmueble al que ambos funcionarios hicieron referencia en el día de hoy no fue traspasado a nuestra Universidad, conforme surge del Acta de Traspaso de fecha 15 de noviembre de 2023”.
“El inmueble mencionado nunca dejó de estar en la órbita del Ministerio de Justicia y no es utilizado por nuestra Comunidad Académica desde el año 2019”, sumaron, despegándose de los ataques.
En este marco, el Gobierno solicitó a la Justicia el desalojo del segundo y tercer piso del edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89, que desde el 19 de enero de 2018 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le asignó al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “ Madres de Plaza de Mayo” para fines pedagógicos, pero que nunca se utilizó para tal fin.
En el lugar funcionaban hasta ahora un boliche clandestino, un “bunker político” de la organización kirchnerista MILES del dirigente Luis D’ Elía, un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas y la “Radio Rebelde”, medio donde el piquetero realiza un programa de radio.
El pedido de desalojo lo realizó el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ya que el inmueble pertenece a su cartera. Ayer, apenas se difundieron los allanamientos que sobre el lugar realizó la Policía Federal Argentina, desde la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) sostuvieron que esos espacios no pertenecían al Instituto fundado por Hebe de Bonafini y el parricida Sergio Schoklender. Y se intentó instalar la versión de que “una vez más la UNMa fue atacada” por la administración de La Libertad Avanza.
Tan cierto como eso es que “el 19 de enero de 2018, y mediante la Resolución RESFC-2018-28-APN-AABE#JMG”, el Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos le “asignó el uso al Instituto Universitario Nacional De Derechos Humanos ‘Madres De Plaza De Mayo’ los sectores del inmueble propiedad del Estado Nacional, en jurisdicción de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ubicado en la Avenida Rivadavia Nº 2749/ 89, correspondiente al Segundo Piso y Tercer Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Para más datos, se lo identifica de manera catastral, se especifica que se trata de la Unidad Funcional 13, “ambos con una superficie cubierta total aproximada de 2.481,30 metros cuadrados; una superficie semicubierta total aproximada de 5,01 metros cuadrados; y una superficie descubierta total aproximada de 148,96 metros cuadrados. En la presentación judicial, los abogados del Ministerio de Justicia adjuntaron el croquis del lugar y el convenio firmado entre el entonces Instituto Universitario -hoy Universidad- y las autoridades del entonces gobierno de Mauricio Macri.
El escrito también sostiene: “Se ha constatado que, dentro de este marco de absoluta discrecionalidad y falta de supervisión, los ocupantes han llevado a cabo todo tipo de prácticas que no solo distan de ser las actividades legítimas para las cuales el inmueble fue cedido, sino que además vulneran las normas que regulan el uso de bienes del Estado”.Como por ejemplo se destaca que: “Estos fines ajenos -a la instalación de la sede del instituto universitario- incluyen lugares de distención y recreación sin habilitación alguna, expendio de bebidas alcohólicas y alimentos, lo que agrava aún más el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorgó la cesión. Ignoramos si cuenta con autorización de alguien, controles sanitarios y de salud, etc”.
Particularmente irregular resultó ser la utilización de un bien del Estado, cedido a un Instituto Universitario fue descubrir que “en el tercer piso del edificio se instaló un establecimiento bailable”. En el acta, los funcionarios lo describen así: “Este espacio, acondicionado con luces, parlantes, telones, sillas y mesas, se encontraba perfectamente dispuesto para funcionar como un lugar de entretenimiento nocturno. Dentro de este espacio incluso se advirtió la presencia de una barra de atención al consumidor, en el que se comercializaban alimentos, bebidas alcohólicas y gaseosas, lo que configura una violación flagrante no solo de las condiciones de uso del inmueble, sino también de las leyes sanitarias”.