La Asociación Madres de Plaza de Mayo  denuncia que “el gobierno criminal de Javier Milei impide el ingreso de los trabajadores” y que “la medida viola la autonomía universitaria”.

Agentes de la Policía Federal tomaron esta mañana la sede central de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Defensa 119, en la zona de la Plaza de Mayo.

De esta manera impedian el ingreso de los trabajadores docentes y no docenes, y reteniendo en una especia de virtual secuestro a otro grupo de personas de la comunidad universitaria entra las que se encuentra la recorta legítima Cristina Caamaño.

En un comunicado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció: “El gobierno criminal de Javier Milei impide a través de uniformados de la Policía Federal el ingreso de los trabajadores de nuestra Universidad a su sede, para cumplir su tarea”.

“La medida viola la autonomía universitaria y pretende criminalizar a los trabajadores”, dicen.

“Pará la mano, Milei. Si sos tan vivo, metete con las Madres, interventor Maurizzio” responden finalmente las Madres, en relación a Eduardo Luis Maurizzio, el hombre que el gobierno intenta imponer como rector de facto.

El conflicto arrancó a fines de julio cuando el Gobierno dispuso la intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. La persona elegida como autoridad es Eduardo Luis Maurizzio, quien se había desempeñando en la institución en su etapa de Instituto Superior de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo y continuó durante el mandato de Jacobo Grossman.

Tras el desplazamiento de la anterior rectora, Cristina Caamaño, y meses sin girar ningún importe del presupuesto, la decisión se materializa a través de la Resolución 524 del Ministerio de Capital Humano, con la firma de Sandra Pettovello.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials rechazó una cautelar de la universidad reclamando al Gobierno los 556 millones de pesos que le adeuda desde su asunción en diciembre pasado.

La situación implica que hoy funcione con cursadas virtuales. Los docentes imparten sus clases de manera ad honorem, ya que no han podido cobrar.

Desde entonces, la Universidad atraviesa las dificultades propias de ejercer su objetivo pedagógico sin ningún tipo de recursos: el gobierno se niega a girar los fondos que le corresponden para su normal funcionamiento desde el 1 de enero, por lo que su plantel docente y el cuerpo de trabajadores no docentes no perciben su salario desde entonces.