La Inspección General de Justicia pidió la nulidad de la sociedad anónima Dakota debido a una serie de irregularidades registradas.

La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó la nulidad de la sociedad comercial «Dakota S.A.», dados los «graves y reiterados» incumplimientos a las normativas vigentes. Se trata de la exconcesionaria del servicio de grúas en la ciudad de Buenos Aires,

«Dakota» brindó el servicio de acarreo de autos mal estacionados en Buenos Aires hasta fines de septiembre. Pero ahora es puesta en la mira por no haber presentado los estados contables, ni haber pagado tasas, en el período 2018-2022.

El organismo presentó 78 páginas y destacó que en 2014 la empresa cobraba 350 pesos para liberar el vehículo secuestrado. Mientras que a fines de 2022 se cobraba 6.525 pesos, en tanto que el canon que pagaba la empresa no se movió nunca de 55 mil pesos.

La IGJ se presentó en el domicilio declarado por «Dakota» a principios de enero y los inspectores no encontraron señal alguna de la empresa. Pero días después se presentó una empleada del estudio «Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen» con registros incompletos de las actividades de la firma.

Asimismo la IGJ detectó una transferencia de competencias al accionista Marcelo Violante, quien desde hace 20 años es el «controlante exclusivo de Dakota S.A.», percibiendo una remuneración «muy superior a la de los restantes directores».

De esta manera se invoca el artículo 19 de la Ley de Sociedad Comerciales, que establece que «cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio», para solicitar la disolución de la firma a la justicia.